Perú se enfrenta a la posibilidad de que importantes flujos de inversión hacia la minería se vean afectados por el gran número de conflictos sociales en contra de la actividad minera que realizan grandes compañías internacionales. Estos conflictos se generan por diversos factores como son las posibles contaminaciones del medio ambiente, reacciones a abusos ancestrales de las grandes compañías, manipulación política, preferencias por la mineria informal, promesas electorales antimineras incumplidas, falta de pronta atención a los reclamos de las comunidades, etc. Los conflictos explotan por la indolencia de los funcionarios del Gobierno frente a esta grave problemática.
Miles de pobladores se movilizaron el martes en la norteña región peruana de Cajamarca a favor de un polémico y multimillonario proyecto minero, un día después de que violentas protestas en el sur del país contra un yacimiento de Xstrata Copper obligaron al Gobierno a reforzar la seguridad en la zona.
La evidente polarización de las comunidades con respecto a la dinámica actividad minera del país refleja lo infructuoso que ha sido el esfuerzo de las autoridades peruanas por lograr que las poblaciones rurales pobres, donde se ubican mayormente los proyectos, se beneficien del auge de las materias primas.
La marcha en Cajamarca, organizada por un gremio empresarial y dirigentes políticos, intentaba contrarrestar una protesta en la zona convocada para el jueves en rechazo al proyecto de oro y cobre Minas Conga, de la empresa estadounidense Newmont, que sería la mayor inversión minera en la historia de Perú.
"Se trata de una marcha por la paz, el trabajo y el desarrollo a la que toda la población está invitada a participar", dijo a la estatal Agencia Andina, Manuel Becerra Vílchez, representante del Colectivo Cajamarca.
El plan de 4.800 millones de dólares se encuentra paralizado desde noviembre del año pasado por la oposición de pobladores que temen que la mina contamine las aguas del lugar, pero sus defensores lo consideran clave para el desarrollo de la región.
La movilización a favor de Minas Conga se produjo un día después de que dos personas murieron y decenas resultaron heridas durante una protesta en la región sureña del Cusco contra Tintaya, la cuarta mina de cobre del país, para exigir un mayor aporte económico y social de Xstrata.
El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia en la zona y autorizó el uso de la fuerza militar en busca de detener la protesta, la segunda medida de este tipo que dicta el presidente Ollanta Humala para encarar un conflicto minero.
La provincia de Espinar del Cusco lucía el martes tranquila, con un mayor número de policías en las calles, aunque los manifestantes aseguraron que mantendrán sus reclamos hasta que el Gobierno levante el estado de emergencia.
La medida de excepción, que durará 30 días, restringe el libre tránsito y reunión de las personas, suspende las garantías constitucionales y autoriza a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden público.
"Todo depende del Gobierno. Nosotros estamos dispuestos al diálogo", dijo a Canal N Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Espinar, quien fue detenido durante las manifestaciones.
La protesta contra Xstrata comenzó hace una semana y puso otra vez bajo fuego al principal motor económico de Perú, que en los últimos años se ha visto golpeado por numerosas y violentas manifestaciones contra proyectos clave.
Los conflictos, que suman casi 250 en todo el país, amenazan con frenar más proyectos en un sector que espera inversiones por 53.000 millones de dólares en los próximos años.
En Cajamarca, los opositores a Minas Conga, que se enfrentaron con los defensores del proyecto en el centro de la ciudad, llamaron a una paralización regional de tareas para el jueves si el Gobierno no declara inviable el proyecto.
Humala, que sufrió el año pasado su primera crisis por las protestas contra Minas Conga, pidió nuevos peritajes internacionales para reevaluar el impacto del yacimiento en su entorno y, tras meses de estudio, el Gobierno solicitó a la empresa cumplir con nuevas recomendaciones.
Newmont aún evalúa si los cambios ambientales propuestos a Minas Conga, en la que también participa la firma peruana Buenaventura, lo siguen haciendo rentable.
(Reuters - Reporte de Omar Mariluz, editado por Mónica Vargas y Juan José Lagorio)
