 |
| Javier Manzanares Gutiérrez - Presidente del Grupo Telefónica en Perú |
Según expresiones de Telefónica, ésta ha aceptado duras condiciones que no tienen precedentes. Tarifas sociales llegando en algunos casos hasta el nivel cero en telefonía e internet para sectores pobres y entidades gubernamentales como la policía, y extensión del servicio para cubrir todo el difícil territorio peruano son algunas de estas duras condiciones.
Los peruanos esperamos que el declinante, descuidado y deficiente servicio que viene brindando Telefónica, empiece a mejorar luego de esta firma del nuevo contrato por 18 años más.
Veamos la noticia en el diario El Pais de España (Jacqueline Fowks):
Tras más de un año y medio de negociaciones, el Gobierno peruano ha anunciado este lunes la renovación de tres contratos de concesión de telefonía móvil con Telefónica, empresa que domina el sector telecomunicaciones desde la privatización en 1994, una vez que ésta aceptara “todos los términos y condiciones” del Ejecutivo.
El período de la renovación es por 18 años y 10 meses, ha precisado Carlos Paredes, ministro de Transportes y Comunicaciones, en Lima. Entre los compromisos que ha asumido Telefónica ha mencionado una tarifa social de llamadas de móvil para un millón de personas a la mitad del costo actual, de 0.50 de nuevos soles a 0.25 (0.073 centavos de euro). Esa tarifa regirá para los beneficiarios de programas sociales del Gobierno, pero también para trabajadores estatales como policías, miembros de las fuerzas armadas y médicos.
Minutos más tarde, un comunicado de la empresa entregado a la prensa ha calificado las exigencias del ministerio de Transportes y Comunicaciones como “duras condiciones que no tienen precedentes”. Ningún portavoz estuvo disponible para declarar.
“Las condiciones aceptadas abarcan esfuerzos inéditos para extender la cobertura de los servicios de comunicación al territorio nacional, e introducir tarifas sociales y servicios de internet sin costo para determinadas instituciones públicas como colegios, postas médicas y comisarías, entre otros”, ha puntualizado en dicho boletín Javier Manzanares, presidente de Telefónica en Perú.
Telefónica tiene cuatro contratos de concesiones de telefonía móvil de los cuales tres habían vencido: las bandas de 800 Megahertz (MHz) para Lima y Callao (mayo del 2011); las de 1,900 MHz para Lima y Callao (junio del 2011); y la banda de 800 MHz para fuera de Lima y Callao, que venció en febrero del 2012.
“Se han demorado demasiado”, comentó a EL PAÍS la economista Roxana Barrantes apenas corrió la noticia del desenlace, cuyo anuncio se esperaba la semana pasada. La investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y autora de estudios sobre la telefonía móvil en Perú y América Latina destacó que en estos casi dos años de negociaciones los servicios bajaron de calidad, el organismo regulador no tomaba medidas, y el competidor tampoco mejoró en ese período de incertidumbre. Según Barrantes, “es muy positivo que los cambios sean focalizados hacia las personas que deben entrar en una política de inclusión social”.
De acuerdo con el compromiso con el Estado peruano, Telefónica prevé que los nuevos servicios llegarán a “5 millones de peruanos de menores recursos, e indirectamente a otros 5 millones en todo el territorio nacional. Entre las condiciones se establece que brindará sin costo más de 12,000 conexiones de internet de banda ancha para servicios del Estado educación, salud y seguridad”, añade el comunicado de la empresa.
Consultada acerca de los motivos de la demora en la negociación, Barrantes explicó que si bien el proceso de toma de decisiones en el Estado peruano es lento, no se puede dejar de lado la crisis económica europea. “Como holding mundial, Telefónica ha estado viviendo de los ingresos de las operaciones latinoamericanas: un dólar más que pedía la operación latinoamericana iba a la vena del resultado mundial, dadas las pérdidas que estaban teniendo en Europa”.
El ministro Paredes mencionó también como parte del acuerdo de la renovación de los contratos la instalación de telefonía móvil en 409 capitales de distritos en el país andino, y de internet satelital para instituciones del Estado en los 600 distritos más pobres del país.
Telefónica mantiene un litigio con el Estado peruano por una deuda tributaria de 200 a 600 millones de euros correspondiente a sus resultados del período 2000-2001.
