Aun cuando han pasado muchos años de la reforma agraria, los latifundios siguen en debate. El congresista Jorge del Castillo dice que es urgente aprobar en el Parlamento el proyecto de ley que plantea un límite a las extensiones de las propiedades agrarias para evitar que se vendan grandes terrenos en el norte del país (a raíz del proyecto Olmos).
A su turno, su colega Luis Guevara, presidente de la Comisión Agraria, asegura que se busca evitar el abuso de dominio que ya ha traído consecuencias en el sector azucarero (alza de precios ante desabastecimiento del mercado interno) y que la norma cuenta con el respaldo de la bancada humalista y fujimorista.
Sin embargo, el sector empresarial no respalda la medida por considerar que atenta contra el principio fundamental de la libertad de propiedad que rige el libre mercado.
“¿Qué se pretende con poner límite a la extensión de tierras? No encontramos una respuesta. Si se ponen límites a las hectáreas, luego se pondrán límites al número de sucursales de un banco o una farmacia”, afirmó Ricardo Briceño, presidente de la Confiep. “¿Por qué ir contra el desarrollo y contra los principios del libre mercado? Es lamentable que el Congreso evoque el fantasma de la reforma agraria que generó al Perú décadas de atraso y postergación”, añadió la Cámara de Comercio de Lima.
Ambos gremios, junto con la Sociedad Nacional de Industrias, coincidieron en afirmar que son Indecopi y los entes reguladores correspondientes de cada sector quienes deben establecer las sanciones o límites para evitar las prácticas monopólicas, y no el Congreso a través de leyes de intervención estatal que generen desconfianza y espanten la inversión.
Adiós latifundios
En el Congreso hay tres proyectos de ley, a la espera de ser debatidos, que plantean limitar las extensiones. Está el del congresista Alfredo Tomás Cenzano Sierralta (proyecto de ley 3194), que establece un límite de 40.000 hectáreas; el del legislador Tomás Zamudio Briceño (4075), que propone 25.000 ha; y el de la representante Susana Vilca (4062), que plantea 10.000 ha.
En la sustentación de sus propuestas, los legisladores afirman que el 70% de los terrenos agrícolas cultivados son minifundios y no deben ser perjudicados por grandes terratenientes que fijen precios y políticas. Sostienen que solo alrededor del 15% del total de áreas cultivables en el Perú está en la costa y por tanto no deberían tener una posición dominante.
Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), confirma que tan solo una docena de empresas poseen en el país terrenos con más de 12 mil hectáreas y que no son más de cuatro las que superan las 40 mil hectáreas. No obstante, Varilias asegura que determinados proyectos agrícolas (como el etanol) no son rentables ni funcionan eficientemente en extensiones menores.
Además, de aprobarse esta ley en la Comisión Permanente del Congreso, Varilias alerta que se alejarían del país algunas inversiones. “Desde el 2008 el Perú ha recibido visitas de inversionistas en proyectos de gran magnitud que se desanimaron porque no había cómo comprar extensiones adecuadas para sus proyectos [estaban diseminados]. He visto grupos que se han ido porque no había terrenos de más de 10.000 ha”.
Actualmente —añade—, contamos con grandes inversionistas interesados en sembrar extensiones de frutales que podrían desanimarse de venir al Perú. “Es como decirles: no vengan con proyectos interesantes. Vayan a otro lado”. (ADEX)
A su turno, su colega Luis Guevara, presidente de la Comisión Agraria, asegura que se busca evitar el abuso de dominio que ya ha traído consecuencias en el sector azucarero (alza de precios ante desabastecimiento del mercado interno) y que la norma cuenta con el respaldo de la bancada humalista y fujimorista.
Sin embargo, el sector empresarial no respalda la medida por considerar que atenta contra el principio fundamental de la libertad de propiedad que rige el libre mercado.
“¿Qué se pretende con poner límite a la extensión de tierras? No encontramos una respuesta. Si se ponen límites a las hectáreas, luego se pondrán límites al número de sucursales de un banco o una farmacia”, afirmó Ricardo Briceño, presidente de la Confiep. “¿Por qué ir contra el desarrollo y contra los principios del libre mercado? Es lamentable que el Congreso evoque el fantasma de la reforma agraria que generó al Perú décadas de atraso y postergación”, añadió la Cámara de Comercio de Lima.
Ambos gremios, junto con la Sociedad Nacional de Industrias, coincidieron en afirmar que son Indecopi y los entes reguladores correspondientes de cada sector quienes deben establecer las sanciones o límites para evitar las prácticas monopólicas, y no el Congreso a través de leyes de intervención estatal que generen desconfianza y espanten la inversión.
Adiós latifundios
En el Congreso hay tres proyectos de ley, a la espera de ser debatidos, que plantean limitar las extensiones. Está el del congresista Alfredo Tomás Cenzano Sierralta (proyecto de ley 3194), que establece un límite de 40.000 hectáreas; el del legislador Tomás Zamudio Briceño (4075), que propone 25.000 ha; y el de la representante Susana Vilca (4062), que plantea 10.000 ha.
En la sustentación de sus propuestas, los legisladores afirman que el 70% de los terrenos agrícolas cultivados son minifundios y no deben ser perjudicados por grandes terratenientes que fijen precios y políticas. Sostienen que solo alrededor del 15% del total de áreas cultivables en el Perú está en la costa y por tanto no deberían tener una posición dominante.
Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), confirma que tan solo una docena de empresas poseen en el país terrenos con más de 12 mil hectáreas y que no son más de cuatro las que superan las 40 mil hectáreas. No obstante, Varilias asegura que determinados proyectos agrícolas (como el etanol) no son rentables ni funcionan eficientemente en extensiones menores.
Además, de aprobarse esta ley en la Comisión Permanente del Congreso, Varilias alerta que se alejarían del país algunas inversiones. “Desde el 2008 el Perú ha recibido visitas de inversionistas en proyectos de gran magnitud que se desanimaron porque no había cómo comprar extensiones adecuadas para sus proyectos [estaban diseminados]. He visto grupos que se han ido porque no había terrenos de más de 10.000 ha”.
Actualmente —añade—, contamos con grandes inversionistas interesados en sembrar extensiones de frutales que podrían desanimarse de venir al Perú. “Es como decirles: no vengan con proyectos interesantes. Vayan a otro lado”. (ADEX)