Juan Sebastián Verón encabeza la lista de personalidades que serán investigadas por el uso ilegal de franquicias diplomáticas para introducir automotores libres de impuestos en Argentina.
El actual jugador del Estudiantes de La Plata le dijo al diario Clarín de Buenos Aires que tiene una camioneta todoterreno modelo 2005, pero aseguró que la compró "de buena fe" a uno de sus amigos.
Verón aparece en un listado que el Registro de la Propiedad Automotor giró al juez penal económico Marcelo Aguinsky, uno de los magistrados que investigan a quienes compraron 98 automóviles importados aprovechando franquicias diplomáticas.
Con esa modalidad, por los automóviles se pagó hasta un 58 por ciento menos de impuestos.
Otro juez, Norberto Oyarbide, investiga por su parte las embajadas y diplomáticos que importaron esos automóviles, luego nacionalizados para su venta.
Oyarbide le solicitó el jueves a la Cancillería datos sobre identidades y condiciones laborales de diplomáticos involucrados en este escándalo.
Según fuentes judiciales citadas por medios de prensa locales, 14 embajadores de doce países quedaron en la mira del magistrado.
En esa lista figuran embajadores de Perú, Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Nigeria, Pakistán, Armenia, Marruecos, Bielorrusia y Rusia.
Oyarbide requirió los datos a la Cancillería en base a una solicitud del fiscal del caso, Luis Comparatore, pero no aceptó por el momento otra petición del representante del ministerio público de ordenar la incautación de los vehículos.
El caso fue iniciado por una investigación interna dispuesta por el propio canciller argentino, Jorge Taiana, que descubrió irregularidades en el Departamento de Franquicias del ministerio de Relaciones Exteriores y las denunció ante la Justicia el lunes pasado.
Al día siguiente la Aduana radicó otra denuncia por contrabando agravado, que tiene una pena de entre dos y ocho años de prisión.
Las leyes argentinas establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.
También disponen que los funcionarios extranjeros tienen un tope de 60.000 dólares para importar vehículos y que el ingreso de este tipo de automóviles es para uso diplomático.
Las investigaciones involucran a vehículos lujosos cuyo valor supera el tope fijado y que luego fueron vendidos antes de que se cumplieran los plazos legales, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.
El actual jugador del Estudiantes de La Plata le dijo al diario Clarín de Buenos Aires que tiene una camioneta todoterreno modelo 2005, pero aseguró que la compró "de buena fe" a uno de sus amigos.
Verón aparece en un listado que el Registro de la Propiedad Automotor giró al juez penal económico Marcelo Aguinsky, uno de los magistrados que investigan a quienes compraron 98 automóviles importados aprovechando franquicias diplomáticas.
Con esa modalidad, por los automóviles se pagó hasta un 58 por ciento menos de impuestos.
Otro juez, Norberto Oyarbide, investiga por su parte las embajadas y diplomáticos que importaron esos automóviles, luego nacionalizados para su venta.
Oyarbide le solicitó el jueves a la Cancillería datos sobre identidades y condiciones laborales de diplomáticos involucrados en este escándalo.
Según fuentes judiciales citadas por medios de prensa locales, 14 embajadores de doce países quedaron en la mira del magistrado.
En esa lista figuran embajadores de Perú, Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Nigeria, Pakistán, Armenia, Marruecos, Bielorrusia y Rusia.
Oyarbide requirió los datos a la Cancillería en base a una solicitud del fiscal del caso, Luis Comparatore, pero no aceptó por el momento otra petición del representante del ministerio público de ordenar la incautación de los vehículos.
El caso fue iniciado por una investigación interna dispuesta por el propio canciller argentino, Jorge Taiana, que descubrió irregularidades en el Departamento de Franquicias del ministerio de Relaciones Exteriores y las denunció ante la Justicia el lunes pasado.
Al día siguiente la Aduana radicó otra denuncia por contrabando agravado, que tiene una pena de entre dos y ocho años de prisión.
Las leyes argentinas establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.
También disponen que los funcionarios extranjeros tienen un tope de 60.000 dólares para importar vehículos y que el ingreso de este tipo de automóviles es para uso diplomático.
Las investigaciones involucran a vehículos lujosos cuyo valor supera el tope fijado y que luego fueron vendidos antes de que se cumplieran los plazos legales, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.