Un recorrido por los doce países sudamericanos durante los siglos XX y XXI, entre procesos por corrupción, crímenes de dictaduras y detenciones políticas.
La detención del expresidente paraguayo Santiago Peña, después de su destitución el 6 de noviembre de 2026, vuelve a plantear una pregunta que atraviesa la historia sudamericana: ¿qué ocurre cuando quienes ejercieron el máximo poder deben responder ante la justicia?
Según EFE, Peña quedó detenido en su domicilio por orden de la Fiscalía, en el contexto de las investigaciones relacionadas con el banco Ueno. Esta detención no constituye una condena penal, y la destitución mediante juicio político tampoco sustituye a una sentencia judicial.
El episodio invita a revisar una historia extensa y diversa. En Sudamérica, antiguos mandatarios han sido investigados por corrupción, condenados por violaciones de derechos humanos o encarcelados después de golpes de Estado. Otros recibieron sentencias que posteriormente fueron anuladas.
Antes de empezar: cuatro situaciones diferentes
Detenido: Ha sido privado de libertad, incluso temporalmente o en su domicilio. No implica culpabilidad.
Procesado o sometido a juicio: Enfrenta formalmente una causa penal. Puede terminar condenado, absuelto o sobreseído.
Condenado: Ha recibido una sentencia de culpabilidad, que puede ser recurrible o firme.
Encarcelado: Ha ingresado en un establecimiento de reclusión, por prisión preventiva o para cumplir una pena.
También debe distinguirse la prisión domiciliaria del ingreso en una cárcel, y la detención política bajo una dictadura, del cumplimiento de una sentencia dictada con garantías judiciales.
Este recorrido reúne los principales casos documentados en los doce países independientes de Sudamérica. Incluye presidentes constitucionales, interinos y gobernantes de facto; no pretende ser un registro exhaustivo de cada denuncia, investigación o arresto ocurrido desde 1901. Se consideran hechos posteriores al ejercicio de la Presidencia o ligados directamente a su terminación.
Argentina:
De los confinamientos militares a las condenas judiciales
La historia argentina ofrece ejemplos de situaciones muy distintas.
Hipólito Yrigoyen, derrocado en 1930, fue detenido y confinado en la isla Martín García. Marcelo Torcuato de Alvear también sufrió detenciones durante la década de 1930. Arturo Frondizi fue encarcelado después del golpe de 1962, mientras que María Estela Martínez de Perón permaneció privada de libertad entre 1976 y 1981. Fueron detenciones vinculadas a rupturas del orden constitucional, que deben diferenciarse de las condenas penales posteriores.
Los gobernantes de facto Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone, también pasaron por prisión. Sus expedientes tuvieron resultados diferentes: Videla, Viola y Bignone recibieron condenas por la represión ilegal; en el caso de Galtieri, debe distinguirse su condena por responsabilidades militares en la guerra de las Malvinas de los procesos por derechos humanos.
Carlos Menem cumplió arresto domiciliario preventivo en 2001 en la investigación por contrabando de armas. Fue condenado posteriormente en esa causa, pero resultó absuelto en 2018 por vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. También recibió sentencias en otros expedientes, por lo que no corresponde resumir toda su trayectoria judicial mediante un único fallo.
Cristina Fernández de Kirchner recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme en junio de 2025 y se dispuso su cumplimiento bajo prisión domiciliaria.
Bolivia:
Condenas por la dictadura y procesos recientes
Luis García Meza, gobernante de facto entre 1980 y 1981, fue condenado en 1993 a 30 años de prisión sin derecho a indulto por delitos cometidos durante su régimen. Detenido en Brasil en 1994 y extraditado en 1995, comenzó entonces a cumplir la pena en Bolivia.
Jeanine Áñez, presidenta interina entre 2019 y 2020, fue detenida en 2021 y condenada en 2022 a diez años de cárcel en el caso denominado «Golpe de Estado II». Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia anuló esa sentencia en noviembre de 2025 y ordenó su liberación, al señalar vulneraciones del debido proceso. Esa condena no debe presentarse como vigente.
Luis Arce fue detenido en diciembre de 2025 en una investigación sobre el Fondo Indígena, relacionada con su anterior gestión como ministro. En septiembre de 2026, la justicia mantuvo su detención preventiva en el penal de San Pedro. La medida cautelar debe distinguirse de una condena.
Brasil:
Prisión política, condenas anuladas y penas en ejecución
En el siglo XX sufrieron privación de libertad, en contextos políticos diferentes, Hermes da Fonseca, Washington Luís, Artur Bernardes, Café Filho y Juscelino Kubitschek. Algunos fueron detenidos después de golpes o durante gobiernos autoritarios.
En las últimas décadas destacan cuatro nombres:
Luiz Inácio Lula da Silva: estuvo preso entre abril de 2018 y noviembre de 2019. Sus condenas fueron anuladas en 2021 por el Supremo Tribunal Federal, que declaró incompetente al juzgado que había tramitado las causas.
Michel Temer: fue detenido preventivamente en 2019 en investigaciones relacionadas con corrupción. Esas detenciones no equivalieron a una condena y varios procesos terminaron favorablemente para él.
Fernando Collor de Mello: condenado a ocho años y diez meses por corrupción pasiva y lavado de dinero. Ingresó en prisión en abril de 2025 y posteriormente recibió prisión domiciliaria por motivos de salud.
Jair Bolsonaro: condenado a 27 años y tres meses por delitos relacionados con la tentativa de golpe de Estado. Comenzó a cumplir la pena en noviembre de 2025; una resolución del Supremo de julio de 2026 mantuvo su prisión domiciliaria humanitaria.
Chile:
El caso Pinochet y el alcance de la justicia internacional
Augusto Pinochet, gobernante de facto entre 1973 y 1990, fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, a raíz de la actuación de la justicia española.
Permaneció bajo arresto durante aproximadamente 500 días antes de regresar a Chile. Allí afrontó procesamientos por violaciones de derechos humanos, entre ellos los relacionados con la Caravana de la Muerte y la Operación Colombo.
Murió en 2006 sin una condena penal, por lo que su caso corresponde a detención y procesamiento, no a una pena de prisión cumplida tras sentencia. Su arresto se convirtió en un hito de la justicia internacional.
Colombia:
Rojas Pinilla y los cambios judiciales del caso Uribe
Gustavo Rojas Pinilla, gobernante militar entre 1953 y 1957, fue detenido y sometido a un juicio ante el Senado. En 1959 recibió una sanción que lo privó de derechos políticos. Posteriores decisiones judiciales permitieron su rehabilitación durante 1966 y 1967. Debe distinguirse aquel procedimiento de una condena penal ordinaria a prisión.
Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, estuvo bajo detención domiciliaria preventiva en 2020. En agosto de 2025 fue condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal.
Pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa condena y lo absolvió en octubre de 2025. Las partes acusadoras anunciaron recursos: no debe citarse la sentencia inicial omitiendo la absolución posterior.
Ecuador:
Condenas que no siempre significaron ingreso en prisión
El país reúne antecedentes históricos y causas contemporáneas:
Eloy Alfaro: detenido en 1912 y asesinado en la Penitenciaría de Quito el 28 de enero de ese año. Su muerte fue un crimen contra un prisionero, no la ejecución de una sentencia judicial.
Lucio Gutiérrez: detenido al regresar al país en octubre de 2005. Recuperó la libertad en marzo de 2006 tras el sobreseimiento del proceso que lo había llevado a prisión.
Jamil Mahuad: condenado por peculado en relación con el feriado bancario de 1999. La pena inicial de doce años fue reducida a ocho y confirmada en casación en 2020. No cumplió esa pena en una cárcel ecuatoriana.
Rafael Correa: condenado en 2020 a ocho años por cohecho en el caso Sobornos. La sentencia no se tradujo en encarcelamiento en Ecuador, al encontrarse en Bélgica.
Lenín Moreno: condenado en primera instancia en agosto de 2026 a cinco años por cohecho en el caso Sinohydro. La posibilidad de recurrir impide confundir ese fallo inicial con una sentencia firme.
Abdalá Bucaram: detenido en investigaciones durante 2020 y condenado en septiembre de 2026 a nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en la comercialización irregular de insumos médicos durante la pandemia. Anunció una apelación.
Guyana:
Un proceso penal que no debe convertirse en una falsa historia de encarcelamiento
Bharrat Jagdeo, presidente entre 1999 y 2011, compareció en 2015 ante un tribunal por una acusación privada de incitación al odio racial relacionada con un discurso político.
La causa fue objeto de decisiones que frenaron su tramitación y de posteriores controversias procesales. Las fuentes consultadas no permiten presentarlo como un expresidente condenado y encarcelado por ese expediente.
Su inclusión recuerda que un proceso judicial también puede existir sin detención ni condena. Tampoco debe afirmarse, sin una revisión histórica exhaustiva, que Guyana jamás haya tenido casos judiciales relacionados con antiguos mandatarios.
Paraguay:
Antecedentes anteriores a Santiago Peña
Alfredo Stroessner, permaneció detenido durante unos días después de su derrocamiento en febrero de 1989, antes de partir al exilio en Brasil. Fue una detención ligada a la caída de su régimen.
Juan Carlos Wasmosy, afrontó un proceso por un auxilio financiero irregular al Banco Desarrollo. Recibió una condena en una etapa del expediente, pero la justicia confirmó posteriormente su absolución.
Luis Ángel González Macchi, recibió condenas por causas de corrupción y fue recluido en diciembre de 2006; después pasó a arresto domiciliario. La sentencia de ocho años por enriquecimiento ilícito y declaración falsa fue dejada sin efecto en 2007. No corresponde citarla como una condena vigente.
Santiago Peña, quedó detenido en su domicilio el 6 de noviembre de 2026, tras su destitución. Al cierre de esta publicación, su situación corresponde a una investigación penal con privación de libertad, sin condena penal.
Perú:
Numerosos procesos, con resultados diferentes
Un antecedente histórico es Augusto B. Leguía, encarcelado después de su derrocamiento en 1930. Gravemente enfermo, murió en un hospital en febrero de 1932, después de su reclusión.
Entre los casos contemporáneos destacan:
Alberto Fujimori: Detenido en Chile en 2005 y extraditado en 2007. Condenado en 2009 a 25 años por homicidios y secuestros en los casos Barrios Altos, La Cantuta y otros. Salió de prisión en diciembre de 2023 por la restitución de un indulto; murió en 2024. |
Alejandro Toledo: Detenido en Estados Unidos y extraditado en 2023. Condenado en 2024 a 20 años y seis meses en el caso Interoceánica Sur. |
Ollanta Humala: Cumplió prisión preventiva en 2017-2018 y fue condenado a quince años en abril de 2025. El Tribunal Constitucional anuló el proceso en julio de 2026, recuperó la libertad y posteriormente se dispuso el archivo definitivo. |
Pedro Pablo Kuczynski: Detenido en 2019 y sometido después a arresto domiciliario. Dos expedientes por aportes electorales fueron archivados en 2026; esos archivos no deben confundirse con el cierre de todas las causas en su contra.
Pedro Castillo: Detenido el 7 de diciembre de 2022 tras su intento de disolver el Congreso. Condenado en noviembre de 2025 a más de once años por conspiración para una rebelión.
Martín Vizcarra: Recluido preventivamente en 2025 y condenado en primera instancia a catorce años por cohecho durante su anterior gestión como gobernador de Moquegua. En enero de 2026 se rechazó suspender la ejecución provisional de esa condena. |
(Fuentes de los casos: información judicial y oficial peruana, Tribunal Constitucional y agencias internacionales)
Surinam:
Una condena firme que no llegó a cumplirse
Desi Bouterse, antiguo jefe militar y presidente entre 2010 y 2020, fue condenado a veinte años de prisión por su responsabilidad en los asesinatos de quince opositores en diciembre de 1982.
La sentencia fue confirmada definitivamente en 2023. Sin embargo, no se presentó para ingresar en prisión en enero de 2024 y permaneció prófugo hasta su muerte, en diciembre de ese año.
Fue condenado, pero no llegó a cumplir esa pena en la cárcel.
Uruguay:
Los procesos por los crímenes de la dictadura
Juan María Bordaberry, elegido presidente y posteriormente protagonista del golpe de 1973, fue detenido en 2006. Recibió una condena de treinta años de prisión por atentado contra la Constitución y crímenes relacionados con la represión. Por motivos de salud pasó a reclusión domiciliaria.
Gregorio Álvarez, presidente de facto entre 1981 y 1985, fue detenido en 2007 y condenado por homicidios cometidos durante la dictadura. Cumplió prisión.
Estos antecedentes impiden afirmar que Uruguay carezca de expresidentes condenados: una afirmación limitada a determinadas etapas democráticas o a delitos de corrupción no puede extenderse a toda su historia.
Venezuela:
Detenciones tras golpes, condenas por fondos públicos y un proceso en Estados Unidos
Isaías Medina Angarita, fue detenido después del golpe de 1945 y expulsado del país.
Rómulo Gallegos fue privado de libertad tras el golpe de noviembre de 1948.
Ambos son ejemplos de detenciones asociadas a rupturas constitucionales.
Marcos Pérez Jiménez, extraditado desde Estados Unidos, fue condenado en 1968 a cuatro años y un mes de prisión por delitos relacionados con el aprovechamiento ilícito de recursos públicos.
Carlos Andrés Pérez, fue condenado en 1996 a dos años y cuatro meses por malversación de fondos reservados. Cumplió la mayor parte de su privación de libertad bajo arresto domiciliario.
Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y trasladado a Nueva York, permanece detenido mientras enfrenta cargos federales. Se ha declarado no culpable. Al cierre de este artículo no existe una sentencia condenatoria en ese proceso; además, su captura plantea controversias jurídicas distintas de las de una detención practicada por autoridades nacionales.
Lo que esta historia exige a las democracias
La trayectoria sudamericana reúne experiencias que deben examinarse por separado: persecución política, sanciones por corrupción, responsabilidad por crímenes de Estado y procesos que terminaron en absolución o nulidad.
El número de expresidentes presos, por sí solo, no mide la calidad de una democracia. También importa saber si las investigaciones fueron independientes, si las pruebas resistieron el juicio y si se respetó el derecho de defensa.
La responsabilidad pública exige que el poder pueda ser investigado. La justicia exige, además, que cada persona sea juzgada por hechos probados y que las absoluciones, anulaciones y sobreseimientos reciban la misma atención que las detenciones.
Haber ocupado la Presidencia no debe garantizar impunidad; haber sido detenido tampoco demuestra culpabilidad.
Ranking número expresidentes con casos mencionados en este post:
| Puesto | País | Expresidentes |
|---|---|---|
| 1.º | Argentina | 10 |
| 2.º | Brasil | 9 |
| 3.º | Perú | 7 |
| 4.º | Ecuador | 6 |
| 5.º | Venezuela | 5 |
| 6.º | Paraguay | 4 |
| 7.º | Bolivia | 3 |
| 8.º | Colombia | 2 |
| 8.º | Uruguay | 2 |
| 10.º | Chile | 1 |
| 10.º | Guyana | 1 |
| 10.º | Surinam | 1 |
| Total | 51 |
Edición: EMA/ChatGPT/Fuentes varias especializadas formales.
