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miércoles, 3 de noviembre de 2021

La gran conspiración contra el orden interno del Perú: La destrucción de la BGC, la PIP y la GR (republicación de artículo de marzo del 2019)



La grave conspiración contra el orden interno del Estado peruano empieza en 1988 durante el desastroso primer gobierno de Alan García Pérez, quién decide en forma abrupta, sin ningún estudio o análisis previo y sin razón visible, desaparecer mediante fusión a los 3 cuerpos policiales de la época, la Guardia Civil, Policía de Investigaciones, Guardia Republicana, creando la Policía Nacional del Perú. 


Las 3 instituciones policiales que existían venían cumpliendo sus funciones en forma eficiente y eficaz, cada una en el campo de su especialidad, como corresponde. 


Al eliminarlas se creó a cambio un engendro policial en el que desaparecen las especialidades y todos hacen de todo en forma caótica.


¿Por qué se eliminaron instituciones especializadas muy buenas, para cambiarlas por un ente amorfo con gente que sabe un poco de todo y mucho de nada? 


¿Por qué no se prefirió entrar a un proceso de mejora y modernización de cada una de las entidades policiales que existían, en búsqueda de mayor eficiencia y eficacia? 


¿Por qué se pensó, por ejemplo, que el especialista en investigación criminal debería dejar lo que hacía y dedicarse a dirigir el tránsito y viceversa?


La medida destructiva se tomó, y la seguridad pública y el orden interno empezaron a declinar, llegándose luego de varias décadas a una crisis absoluta, con una criminalidad que crece aceleradamente al detectar un cuerpo policial minusválido. 


Los Gobiernos de calidad demandan cuerpos policiales de alto nivel, bien preparados y especializados, para que puedan cumplir sus funciones de manera eficiente y eficaz.  


Los Gobiernos corruptos prefieren instituciones policiales de baja calidad con policías mal formados y sumisos. 


Robos, asaltos, secuestros, asesinatos y otros actos delictivos en alto número, profusamente difundidos por los medios de comunicación todos los días, distraen a la gente y desvían su atención de los problemas serios del país. 


Igualmente, una institución policial incapaz de cumplir bien con su rol otorga mayor certeza a los funcionarios públicos corruptos, de que no tendrán al frente policías en capacidad de investigarlos de manera muy profesional. 


Algo más, algunos policías que pensaban llegar a grados menores ahora son generales, gracias al Gobierno. Ellos, se postrarán en culto incondicional a los pies de quién los elevó a un alto grado, sin merecerlo. 


Llama la atención que desde 1988, habiendo pasado por el Gobierno varios presidentes, éstos no hayan corregido el espectacular y muy visible error de eliminar la Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana.
 

Podríamos especular que, en los más íntimo de su ser, los sucesivos presidentes, meditaron en su oportunidad y se inclinaron por participar de manera tácita en la conspiración contra la seguridad pública y el orden interno, para gozar también de sus beneficios. Fácil, bastó cerrar la boca y no realizar ninguna acción, salvo la de comprar más y más coches patrulleros, motos y otros equipos, medidas que no resuelven el problema pero si podrían dejar buenos ingresos ilícitos


De no acabarse con esta gran conspiración contra el país, terminaremos con una sociedad en un caos total, en la que para sobrevivir habrá que defenderse cada uno con su propia arma, como en tiempos antiguos del lejano oeste americano.


Que coincidencia, desde 1988 todos los presidentes del Perú se encuentran comprendidos en acusaciones de haber cometido actos de corrupción. Si los presidentes delinquieron que queda de todo el aparato público. 


Por su falta de acción al respecto, todos los congresos nacionales desde 1988 han contribuido de manera indirecta con esta gran conspiración, al permitir la cimentación del acto vandálico de García, y ´por no reponer a las 3 prestigiadas instituciones policiales: La Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, eliminadas por los corruptos peruanos en el más alto nivel gubernamental.