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miércoles, 15 de diciembre de 2021

Gobiernos Regionales: Crece la corrupción durante la pandemia Covid.19


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CUMBRE ILUMINADA

BREVE HISTORIA DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA PERUANA

DEL LIBRO DE BITÁCORA DE UN OFICIAL DE LA GUARDIA CIVIL DEL PERÚ






Los gobiernos regionales no han aparecido ni tenido alguna acción notable frente a la pandemia Covid-19, pero sí han tenido un rol protagónico en la realización de actos de corrupción.


En plena emergencia sanitaria por la COVID-19, entre el 2020 y lo que va del 2021, la Procuraduría anticorrupción ha contabilizado 115 carpetas fiscales de investigación por presuntos actos de corrupción contra gobernadores y funcionarios regionales. Y todavía les queda un año de funciones.


Pocos días después de que los miembros del Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitieron un comunicado para “rechazar categóricamente la estigmatización de corruptos e incapaces”, el gobernador ucayalino Francisco Pezo huyó por una puerta falsa de su despacho en Pucallpa para evitar que lo detuvieran y respondiera por los actos ilícitos durante su gestión, que la Fiscalía anticorrupción le atribuye.


Las denuncias por corrupción contra los gobernadores regionales no son una “campaña de desprestigio”, como pretenden los integrantes de la ANGR.


De acuerdo con la Procuraduría anticorrupción, la que lleva un registro detallado de los delitos de corrupción de funcionarios en todo el país, los casos que implican a gobernadores regionales se han duplicado en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la mayor parte debido a contrataciones y adquisiciones.


Según los datos de la entidad, en el 2019 se contabilizan 37 carpetas fiscales por casos de corrupción que vinculan a gobernadores regionales. En el 2020, la cifra se elevó a 57 carpetas, y en lo que va del 2021, subió a 58 carpetas fiscales, y eso que no se cuenta el reciente proceso contra el gobernador ucayalino Francisco Pezo. En total existen en giro 115 carpetas fiscales.


Y todavía les queda a los gobernadores un año de gestión más. Es muy probable que el número de casos de corrupción se incremente terminado el año 2021.


Los delitos que más se repiten y que se atribuye a los gobernadores son:

Colusión

Peculado

Negociación incompatible 

Malversación

Cohecho 

Robo de fondos públicos


En lo que va de la emergencia sanitaria, también ha crecido el número de casos vinculados con obras públicas de envergadura, no relacionados con las transferencias para afrontar el nuevo coronavirus.


Expertos en corrupción de funcionarios públicos dijeron a La República que el relajamiento de las normas de fiscalización y control durante la pandemia de la COVID-19 ha sido aprovechado por algunas autoridades para perpetrar actos ilícitos.


“Estamos ante una situación de emergencia sanitaria y por ley pueden relajarse varios controles y puede postergarse la transparencia, incluso hasta 30 días después de que se ejecute el contrato. Se dieron contrataciones de emergencia que han tenido controles más relajados y con mayor discreción. Eso da pie para abusos, para actos de corrupción y para beneficiar indebidamente a los proveedores. Entonces, sí, las condiciones están dadas (para que se cometan actos de corrupción)”, explicó el director de Proética, Samuel Rotta.


Varios de los casos de corrupción que enfrentan los 24 gobernadores derivan de las acciones de auditoría y fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR). Esto explica por qué en el mencionado comunicado, la ANGR ataca, en lugar de respaldar, las acciones de la CGR: “Exigimos a la Contraloría General mayor prudencia y actúe con objetividad, transparencia, criterios técnicos y no hacer acusaciones de corrupción sin sustento”. Es decir, los gobernadores le piden a la Contraloría que no haga su trabajo.


Se supone que en una emergencia sanitaria las autoridades que disponen de los fondos públicos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus deben ser extremadamente cuidadosas, porque depende de las contrataciones y adquisiciones la atención médica para salvar vidas. Pero se han abierto 20 carpetas fiscales contra gobernadores y funcionarios regionales que convirtieron en un negocio la compra de oxígeno medicinal, el acondicionamiento de camas UCI o la adquisición de medicamentos.


“Estos casos han consistido en su mayoría en el proceso de compra de equipos médicos, instrumentos para enfrentar la pandemia, a precios sobrevalorados. También se ha detectado la adquisición de canastas de alimentos que no fueron distribuidas a las personas que las necesitan, sino que aparentemente fueron repartidas entre los funcionarios”, señaló el procurador anticorrupción Javier Pacheco.


Precisamente, el gobernador Francisco Pezo, quien prefirió escapar en lugar de responder a la justicia, es acusado de haber concertado la contratación de empresas proveedoras a cambio de presuntos pagos ilícitos. Con Francisco Pezo son dos los gobernadores regionales con orden de captura y prófugos de la justicia. El otro es el gobernador tumbesino Wilmer Dios Benites.


De acuerdo con los recientes casos, los gobernadores regionales son imputados como cabezas de organizaciones criminales enquistadas en los gobiernos regionales. Por ejemplo, el gobernador de Madre de Dios es señalado por la Fiscalía como supuesto líder de “Los Hostiles de la Amazonía”; el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, de “Los Hijos del Cóndor”; el gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, de “Los Supremos del Altiplano”; y el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, de “Los Gestores”. (Datos: diario La República) ARTÍCULO COMPLETO



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CUMBRE ILUMINADA

LA ODISEA DE DARÍO EN PERÚ

EDICIÓN COMPLETA - LIBROS 1 Y 2


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lunes, 25 de enero de 2021

Que no vuelva a ocurrir: Ni por sismos, ni por virus, ni por nada



"... 1970, mal año para el Perú, no solo por el desastroso gobierno del dictador Velasco Alvarado. En este año ocurrió un sismo devastador en Perú.


El domingo 31 de mayo de 1970, yo había ido con mi esposa y mi hijo de 1 año y 1/2, a visitar a mis padres. Almorzamos y después vino una tertulia muy amena.


En algún momento Marisa, mi esposa, se levantó de la mesa para cambiar el pañal de nuestro hijo, eran las 3 y 23 de la tarde cuando empezó a moverse todo muy fuertemente, se trataba de un sismo o terremoto de gran magnitud. 


Todos salimos a la calle y nos encontramos con pistas que ondulaban y postes que se movían en vaivén, había un ruido muy fuerte y no podíamos sostenernos de pie porque perdíamos el equilibrio.


¿Qué había pasado? Un gran sismo había ocurrido. Su epicentro fue localizado a 44 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chimbote, en el Océano Pacífico, a una profundidad de 64 kilómetros. Su magnitud fue de 7,9 en la escala sismológica de magnitud de momento, según el Instituto Geofísico del Perú, y alcanzó una intensidad máxima de grado VIII en la escala de Mercalli Modificada. 


La zona andina de Ancash, la pintoresca área del Callejón de Huaylas, resultó siendo el área más castigada por el terremoto. 


La ciudad de Huaraz fue destruida en un 97% y perdió más de 10 mil habitantes (el 50% de la población). 


El resto de pueblos del Callejón de Huaylas también fueron destruidos casi por completo, desde Recuay por el sur, hasta Huallanca por el norte. 


La segunda ciudad en importancia, Yungay terminó sepultada junto a Ranrahirca por un alud, desapareciendo bajo el lodo y piedras más de 25 mil pobladores. 


En la zona costera, los efectos del sismo destruyeron grandes sectores de la Carretera Panamericana entre Huarmey y Trujillo (Departamento de La Libertad). Tanto la ciudad como el puerto de Chimbote quedaron con averías incuantificables.


En las zonas de San Pedro y Lacramarca todas las construcciones se derrumbaron, al igual que las industrias pesqueras, y daño similar sufrieron las metalúrgicas, la ciudad perdió más de 2 mil 800 habitantes. En Casma, murieron 800 personas. 


En total, las muertes se calcularon en 70 mil y hubo aproximadamente 20 mil desaparecidos.


En el Directorio de EPSA se sucedían los pedidos “urgentes” del Gobierno para que la empresa atienda emergencias de falta de alimentos en el país, así era la súbita escasez de pollo en el mercado, la falta de abastecimiento de papa etc. etc. se sentían ya los efectos del abandono del agro peruano.


El Gobierno presionaba muy fuerte a los directores para que decidan prontamente por importaciones muy rápidas, las que significaban compras directas por grandes montos de millones de dólares.


En el caso de la papa, por ejemplo, los funcionarios fueron forzados a actuar con mucha rapidez. Con poco conocimiento sobre importaciones de este tubérculo tan perecible, fueron enviados al exterior donde realizaron compras apresuradas. 


Grandes cantidades de papa llegaron al puerto de El Callao y se almacenaron de manera incorrecta, generándose que miles de sacos entraran a un proceso de putrefacción que obligaron a su entierro.


Con el tiempo, los funcionarios que participaron en el proceso recibieron todo tipo de acusaciones y terminaron injustamente en prisión, mientras que quizás algunos personajes en las más altas esferas del Gobierno se habían ya beneficiado con la importación.


Así era el día a día en EPSA, la corrupción merodeaba alrededor de operaciones muy vulnerables como son las de importaciones, exportaciones y comercio nacional de alimentos, en las que los revolucionarios gobernantes eran los principales actores."


FRAGMENTO DEL LIBRO: "La Odisea de Darío en Perú: Parte 2"



jueves, 26 de noviembre de 2020

La impunidad en marcha: Impiden a la Contraloría General sancionar a los corruptos

 


Nelson Shack, Contralor General de la República, lamentó que, pese a que la capacidad sancionadora de esta institución ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional, este organismo determinó en paralelo que la tipificación de las conductas infractoras, que antes estaban en un reglamento, pasen a ser una ley.


Dijo Shack:


"Ahorita la Contraloría no puede sancionar a nadie y eso está generando una enorme sensación de impunidad en toda la población porque los informes se emiten a través de los medios de comunicación y la población ve qué funcionarios están involucrados en irregularidades; sin embargo, pasan los meses y ve que siguen trabajando"


"La sanción interna/disciplinaria normalmente no funciona"


Agregó:


"La Contraloría ha hecho todas las gestiones a su alcance ante el Congreso de la República; sin embargo, precisó que este poder del Estado tiene que resolver este asunto"


Recordó el Contralor que en mayo envió un proyecto de ley al Congreso, el que sustentó ante la Comisión de Fiscalización, y que espera que sea debatido en este grupo parlamentario para que ingrese al Pleno del Parlamento. Según explicó, la iniciativa es que se apruebe en una ley aquello que antes estaba previsto en un reglamento.


También explicó que el control concurrente que lleva a cabo esta institución "es el nuevo modelo de control gubernamental", el cual, junto con el modelo de control posterior, que siempre ha existido, "permite evitar que las cosas malas sucedas; es decir, siempre es mejor prevenir que lamentar". (Datos: RPP)


Nota: Nadie puede esperar que los corruptos se autosancionen.

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