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BREVE HISTORIA DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA PERUANA
DEL LIBRO DE BITÁCORA DE UN OFICIAL DE LA GUARDIA CIVIL DEL PERÚ
Los gobiernos regionales no han aparecido ni tenido alguna acción notable frente a la pandemia Covid-19, pero sí han tenido un rol protagónico en la realización de actos de corrupción.
En plena emergencia sanitaria por la COVID-19, entre el 2020 y lo que va del 2021, la Procuraduría anticorrupción ha contabilizado 115 carpetas fiscales de investigación por presuntos actos de corrupción contra gobernadores y funcionarios regionales. Y todavía les queda un año de funciones.
Pocos días después de que los miembros del Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitieron un comunicado para “rechazar categóricamente la estigmatización de corruptos e incapaces”, el gobernador ucayalino Francisco Pezo huyó por una puerta falsa de su despacho en Pucallpa para evitar que lo detuvieran y respondiera por los actos ilícitos durante su gestión, que la Fiscalía anticorrupción le atribuye.
Las denuncias por corrupción contra los gobernadores regionales no son una “campaña de desprestigio”, como pretenden los integrantes de la ANGR.
De acuerdo con la Procuraduría anticorrupción, la que lleva un registro detallado de los delitos de corrupción de funcionarios en todo el país, los casos que implican a gobernadores regionales se han duplicado en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la mayor parte debido a contrataciones y adquisiciones.
Según los datos de la entidad, en el 2019 se contabilizan 37 carpetas fiscales por casos de corrupción que vinculan a gobernadores regionales. En el 2020, la cifra se elevó a 57 carpetas, y en lo que va del 2021, subió a 58 carpetas fiscales, y eso que no se cuenta el reciente proceso contra el gobernador ucayalino Francisco Pezo. En total existen en giro 115 carpetas fiscales.
Y todavía les queda a los gobernadores un año de gestión más. Es muy probable que el número de casos de corrupción se incremente terminado el año 2021.
Los delitos que más se repiten y que se atribuye a los gobernadores son:
Colusión
Peculado
Negociación incompatible
Malversación
Cohecho
Robo de fondos públicos
En lo que va de la emergencia sanitaria, también ha crecido el número de casos vinculados con obras públicas de envergadura, no relacionados con las transferencias para afrontar el nuevo coronavirus.
Expertos en corrupción de funcionarios públicos dijeron a La República que el relajamiento de las normas de fiscalización y control durante la pandemia de la COVID-19 ha sido aprovechado por algunas autoridades para perpetrar actos ilícitos.
“Estamos ante una situación de emergencia sanitaria y por ley pueden relajarse varios controles y puede postergarse la transparencia, incluso hasta 30 días después de que se ejecute el contrato. Se dieron contrataciones de emergencia que han tenido controles más relajados y con mayor discreción. Eso da pie para abusos, para actos de corrupción y para beneficiar indebidamente a los proveedores. Entonces, sí, las condiciones están dadas (para que se cometan actos de corrupción)”, explicó el director de Proética, Samuel Rotta.
Varios de los casos de corrupción que enfrentan los 24 gobernadores derivan de las acciones de auditoría y fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR). Esto explica por qué en el mencionado comunicado, la ANGR ataca, en lugar de respaldar, las acciones de la CGR: “Exigimos a la Contraloría General mayor prudencia y actúe con objetividad, transparencia, criterios técnicos y no hacer acusaciones de corrupción sin sustento”. Es decir, los gobernadores le piden a la Contraloría que no haga su trabajo.
Se supone que en una emergencia sanitaria las autoridades que disponen de los fondos públicos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus deben ser extremadamente cuidadosas, porque depende de las contrataciones y adquisiciones la atención médica para salvar vidas. Pero se han abierto 20 carpetas fiscales contra gobernadores y funcionarios regionales que convirtieron en un negocio la compra de oxígeno medicinal, el acondicionamiento de camas UCI o la adquisición de medicamentos.
“Estos casos han consistido en su mayoría en el proceso de compra de equipos médicos, instrumentos para enfrentar la pandemia, a precios sobrevalorados. También se ha detectado la adquisición de canastas de alimentos que no fueron distribuidas a las personas que las necesitan, sino que aparentemente fueron repartidas entre los funcionarios”, señaló el procurador anticorrupción Javier Pacheco.
Precisamente, el gobernador Francisco Pezo, quien prefirió escapar en lugar de responder a la justicia, es acusado de haber concertado la contratación de empresas proveedoras a cambio de presuntos pagos ilícitos. Con Francisco Pezo son dos los gobernadores regionales con orden de captura y prófugos de la justicia. El otro es el gobernador tumbesino Wilmer Dios Benites.
De acuerdo con los recientes casos, los gobernadores regionales son imputados como cabezas de organizaciones criminales enquistadas en los gobiernos regionales. Por ejemplo, el gobernador de Madre de Dios es señalado por la Fiscalía como supuesto líder de “Los Hostiles de la Amazonía”; el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, de “Los Hijos del Cóndor”; el gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, de “Los Supremos del Altiplano”; y el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, de “Los Gestores”. (Datos: diario La República) ARTÍCULO COMPLETO
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