En 2015, el Congreso peruano aprueba una ley propuesta por el gobierno de Ollanta Humala aprobó la que permitía interceptar en el aire a las 'narcoavionetas' e incluso derribarlas si no acataban las órdenes de aterrizar. Tras su reglamentación, la norma empezó a aplicarse en enero de 2016.
Esto decía una noticia del 19 de abril del 2016:
"La caída del precio de la coca tiene una explicación: la interdicción aérea ha sido altamente disuasiva, la impunidad de las 'narcoavionetas' se acabó" así se expresó Alberto Otárola, jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú, en entrevista telefónica con AFP.
Dijo Otárola, que por primera vez en 15 años, el precio de la hoja de coca, insumo clave para la elaboración de cocaína, cayó de 50 dólares la arroba (unos 11,3 kg) a 26 dólares.
Numerosos vuelos de narcoavionetas bolivianas no salieron o retornaron a ese país en pleno vuelo frente a la seria amenaza de ser derribadas en territorio peruano, zona llamada VRAEM, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en la selva.
El número de vuelos desviados aún se maneja bajo reserva, así como la información sobre derribos de naves.
"Hemos cortado las venas de provisión de dinero y de vuelos ilegales, perjudicando la cadena ilegal de producción. Es un paso histórico que se ve reflejado en una baja de la demanda de coca", manifestó Alberto Otárola.
Las avionetas del narcotráfico que Bolivia deja operar libremente, realizaban hasta diciembre en promedio 4 vuelos diarios en el VRAEM, la mayor franja cocalera de Perú, una zona donde también se cobijan los remanentes terroristas de Sendero Luminoso que viven de la protección a los narcotraficantes.
Las avionetas bolivianas tienen capacidad para cargar 150 kg de cocaína por viaje y llevan 500 mil dólares en dinero líquido para el pago por la droga.
En Perú se mueven al año unos 8 mil 500 millones de dólares provenientes del narcotráfico, según la procuraduría antidrogas.
