El caso de corrupción más importante del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), la compra de aeronaves de guerra MiG-29 y Sukhoi-25, no quedará impune.
El fiscal superior adjunto anticorrupción Juan Manuel Fernández solicitó prisión efectiva para ocho personas que contribuyeron con las adquisiciones que se consumaron en 1996 y 1998.
De acuerdo con la sustentación del fiscal Fernández ante la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, en los procesos de compra funcionarios públicos recibieron millonarias coimas para contratar con la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
El estimado del perjuicio económico en agravio del Estado alcanzaría los US$ 320 millones.
El cerebro de las adquisiciones, Vladimiro Montesinos, quien recibió sobornos por US$ 29 millones, se acogió a la terminación anticipada, aceptó los cargos en su contra y recibió la sentencia respectiva.
Vladimiro Montesinos cumple condena por actos de corrupción cuando era funcionario del gobierno de Alberto Fujimori.
Casi 25 años después de los hechos, y luego de sortear innumerables intentos de los implicados por frustrar la acción de la justicia , el fiscal Juan Manuel Fernández acreditó las evidencias de los actos de corrupción en la compra de:
18 aeronaves de combate MiG-29 a Bielorrusia.
18 aeronaves de combate Sukhoi-25 a Bielorrusia.
Un equipo de radares, repuestos y otros equipos a Bielorrusia.
3 aeronaves MiG-29-SE a la Federación Rusa.
Los contratos con Bielorrusia ascendieron a US$ 410 millones y con los rusos aUS$ 126.2 millones. En total, US$ 536.6 millones. Según cálculos de la investigación fiscal, de ese monto aproximadamente US$ 320 millones fueron destinados a pagos ilícitos que se distribuyeron entre miembros de la cúpula militar, funcionarios del Ejecutivo y los vendedores de armas.
Como parte de las pesquisas, el fiscal Juan Manuel Fernández ha detectado cuentas secretas en Panamá donde se destinaban las coimas.
Durante su exposición ante la Cuarta Sala Penal Liquidadora, ayer, viernes por la mañana, el fiscal Fernández relató que se simularon procesos de licitación para la adquisición de las aeronaves de guerra, pero Vladimiro Montesinos, con el conocimiento de Alberto Fujimori, había resuelto digitar los contratos a dos grupos de empresarios con los que mantenía estrecho vínculo el régimen fujimorista: uno, encabezado por Moshe Rothschild Chassin, y el otro, por Zvi Sudit Wasserman, ambos extranjeros con varios años de negocios de armamento en el Perú.
Cómplice. Según las investigaciones, Alberto Fujimori tenía conocimiento de los pormenores del crimen.
La pena de cárcel fue requerida por el fiscal Fernández para:
Juan Valencia Rosas, operador financiero de Montesinos (4 años).
Guillermo Burga Ortiz, operador de los vendedores de aviones (4 años).
Óscar Benavides Morales, operador de los vendedores de aviones (4 años).
José Luis Crousillat López Torres, operador de los vendedores de aviones (4 años).
Eloísa La Fuente Fernández, operadora de los vendedores de aviones (3 años).
También para los exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas que contribuyeron en las transferencias de dinero para la adquisición de las aeronaves de combate:
Marcelino Cárdenas Torres, ex director general del Tesoro Público (4 años).
Reynaldo Bringas Delgado, ex director general de Presupuesto Público (4 años).
José Miguel de Priego Palomino, ex gerente general del Banco de la Nación (4 años).
El fiscal Juan Manuel Fernández logró que las autoridades judiciales de Panamá le permitieran acceso a las cuentas de los implicados en el BEX (ahora BBVA de Panamá), en donde los implicados recibían los pagos de la Fuerza Aérea. De esta manera pudo establecer cómo se dividieron el dinero: la empresa bielorrusa vendedora de los MiG-29 y Sukhoi-25, Beltech Export, por ejemplo, solo recibió US$ 138.2 millones de los US$ 410 millones que transfirió la FAP.
Es decir, la mafia se quedó con el 66% de lo que pagó el gobierno de Fujimori, que dividió entre ganancias y pagos de sobornos.
El ex comandante general de la FAP Elesván Bello Vásquez también se acogió a la terminación anticipada y fue condenado por los hechos. (Datos: La República)
