Peru al Dia
La corrupción, el crimen y la violencia son "comunes" en Venezuela, indica un informe de The World Justice Project, que señala la falta de transparencia de las instituciones y un sistema de justicia "ineficaz" y "sujeto a las influencias políticas"
Las instituciones públicas en América Latina continúan siendo "frágiles" con problemas de corrupción y de responsabilidad gubernamental, según el "Índice del Estado de Derecho 2011" publicado este lunes, que sitúa a Venezuela como el peor país de la región y Chile como el mejor.
La organización The World Justice Project (WJP) divulgó su Índice del Estado de Derecho 2011, en el que analiza los aciertos y las deficiencias de 66 países, incluyendo once de América Latina, en su respeto al estado de derecho según ocho indicadores.
El informe señala que Latinoamérica y el Caribe tiene "marcados contrastes" entre los factores analizados, como son la corrupción, los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y la seguridad, entre otros.
Agrega que pese a los recientes movimientos hacia la "apertura" y las "libertades políticas" las instituciones políticas "continúan frágiles" principalmente por la corrupción y la falta de responsabilidad en los Gobiernos "todavía frecuente".
En Argentina y México, por ejemplo, sólo 15% de los ciudadanos creen que las instituciones actuarán efectivamente en caso de corrupción.
Además, señala que la región muestra las tasas más altas de criminalidad del mundo y la percepción de impunidad "se mantiene extendida" en todos los países latinoamericanos.
Venezuela, dice el informe, es el "peor actor del mundo" en materia de responsabilidad y controles efectivos sobre el poder ejecutivo.
La corrupción, el crimen y la violencia son "comunes" en el país, indica el informe, que señala la falta de transparencia de las instituciones y un sistema de justicia "ineficaz" y "sujeto a las influencias políticas", lo que le sitúan en el puesto 66 en estas dos áreas.
Venezuela también presenta "serios defectos" en la garantía a los derechos humanos, en particular la libertad de opinión y expresión, y el derecho a la privacidad.
No obstante, reconoce que tiene buenos resultados en materia de libertad religiosa, acceso a tribunales civiles y protección de derechos laborales.
Chile se sitúa a la cabeza en todos los indicadores -seguida de Brasil y México- y se coloca entre los 20 países que mejores calificaciones obtienen en cinco de las categorías.
Brasil es el segundo país latinoamericano con mejores resultados y se posiciona como el mejor entre las naciones del grupo BRIC de grandes economías emergentes que incluye también a Rusia, India y China.
Sin embargo, en el área de orden y seguridad, el informe reporta "abusos policiales" y las "duras" condiciones de los correccionales en el país suramericano.
México, que sería el tercer país, tiene un resultado "mixto". Si bien reconocen su "larga trayectoria" constitucional, la libertad de expresión y religiosa, la corrupción se presenta como un "serio problema" en todo el Gobierno, así como el "deficiente" sistema judicial, que le sitúa en el puesto 63 en esta materia.
En cuanto a Colombia, es un país de "grandes contrastes", por un lado es considerado como uno de los "más abiertos" en cuanto al acceso a la información oficial, la participación, la responsabilidad gubernamental e independencia judicial.
Por otra parte, en el área de orden y seguridad obtiene el puesto 62 por las "altas tasas de crimen" y la presencia de "poderosas" organizaciones gubernamentales. También denuncia abusos policiales, violaciones de los derechos humanos y la situación en las cárceles.
Perú responde bien a los controles del poder ejecutivo y en la protección de los derechos humanos, incluidos la libertad de religión, opinión y expresión. Sin embargo, el sistema de justicia civil es "muy lento", "caro" e "inaccesible" para algunos grupos.
La justicia criminal es otra de sus "debilidades", que se explican por la "corrupción", las deficiencias en las investigaciones y el sistema de decisiones.
El WJP se define como una organización independiente y sin ánimo de lucro con sede en Washington cuyo objetivo es promover el estado de Derecho en todo el mundo.
Este es el segundo índice que realizan. El primero fue en octubre de 2010, en el que analizaron 35 países y esperan llegar a un centenar en el informe de 2012.
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