domingo, 17 de enero de 2010

Economía peruana perdería hasta US$ 400 millones diarios por paro de transportistas y puertos


El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders, estimó que hoy que la anunciada paralización de los transportistas de carga y trabajadores portuarios, que se inicia el 19 de enero, podría tener un impacto de pérdidas para la economía de hasta 400 millones de dólares diarios.

Precisó que 250 millones de dólares se perderían a consecuencia del paro de transportistas y 150 millones por la paralización de puertos del país.

De esta forma, expresó su rotundo rechazo al anunciado paro de transportistas y de puertos, pues lejos de solucionar los problemas de los organizadores de la jornada de protesta, atenta severamente contra la economía nacional.

Por ello, exhortó a los promotores de la jornada de protesta a deponer su medida extrema, a fin de buscar soluciones a través del diálogo.

“Las paralizaciones sólo generan postergación pobreza. El diálogo debe imponerse para encontrar solución a las diferencias. De la protesta, pasemos a la propuesta”, afirmó.

Explicó que una paralización portuaria ocasionaría que los contenedores de exportación que dejen de embarcarse hacia sus respectivos destinos, mientras que los contenedores de importación pueden ser derivados a puertos de Ecuador o Chile, lo que implica altos costos para los importadores y su respectiva cadena logística.

Asimismo, el dirigente empresarial señaló que, de concretarse la paralización, debe respetarse el libre tránsito de las personas y no se impida que otros trabajadores desempeñen sus funciones.

Recordó que, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 982, las personas que haciendo uso de la violencia o amenazas, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía puede ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Del mismo modo, de acuerdo al Código Penal, también serán pasibles de sanción quienes cometan delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos.

“Y en caso se actúe con violencia y se atente contra la integridad física de las personas o se cause grave daño a la propiedad pública o privada, la pena privativa de la libertad será no menor de tres ni mayor de seis años”, dijo Anders. (Andina)

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