El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del derecho castellano, que consistía en que al término del desempeño del funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento.
Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo.
Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multas.
El juicio de residencia tuvo en la administración del Virreinato del Perú una gran importancia, y comprendía a toda clase de funcionarios, desde virreyes y presidentes de Audiencia, gobernadores, hasta alcaldes y alguaciles.
Todos los virreyes, representantes directos del rey de España, debían pasar su juicio de residencia antes de que tomara posesión del cargo su sucesor.
En este largo proceso se analizaba el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato y durante seis meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información a través de diferentes testigos. Otra de las fórmulas empleadas por la Corona para controlar a sus funcionarios, incluido el virrey en su calidad de presidente de la audiencia, era a través de la inspección conocida con el nombre de visita. Efectuada por un Veedor, nombrado para el caso por el rey, tenía como fin conocer los abusos cometidos por las autoridades, proponiendo las reformas necesarias.
Toda autoridad que termina de ejercer un cargo debe ser sometida a un juicio de residencia, es decir, las autoridades no se pueden mover de su lugar físico mientras dure una investigación en relación del desempeño.
Este juicio es sumario y público. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía transitar libremente; en cambio, si había cometido cargos, errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de un cargo público.
Lamentablemente, esta buena práctica para frenar la corrupción, fue suspendida luego del proceso de independencia.
Las nuevas repúblicas que nacieron en América Latina al culminar el mandato del Imperio Español a través de los virreinatos, dejaron de practicar los juicios de residencia.
En esta situación, la corrupción avanzó y se instaló en la mayoría de gobiernos de los países de Latinoamérica.
Actualmente, no hay país en la región libre de corrupción la que muchas veces nace en los propios presidentes y congresistas del país.
Por ello, es necesario que retorne esta buena práctica virreinal.
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