Hace dos años el área dada en concesión a esa actividad era solo el 12% de nuestro suelo. Además, en las áreas concesionadas, aumenta la actividad de explotación minera, pero disminuye la actividad de exploración, según el Ministerio de Energía y Minas.
Si bien los conflictos sociales han hecho retroceder la minería en algunas zonas de Puno y Cusco, en general esa actividad viene abarcando cada vez más espacio en todo el país, y hoy ocupa ya el 17% de nuestro territorio, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
De los 128 millones de hectáreas que posee el Perú, 22.6 millones (17%) están hoy ocupadas por 49,141 concesiones vigentes, ya sea para realizar actividad de explotación o exploración en busca de nuevos yacimientos. A modo de comparación, a junio del 2009 la minería ocupaba solo el 12% de la superficie a escala nacional (Gestión 26.06.2009).
El departamento con el territorio más amplio dado en concesión es el de Arequipa con 2.9 millones de hectáreas, seguido por Puno con 2.4 millones de hectáreas.
No obstante, ello no significa que esa gran parte del territorio esté totalmente ocupado por la minería, pues menos del 1% de las áreas concesionadas están siendo plenamente utilizadas por dicha industria, observó Henry Luna, director del área de promoción minera del MEM.
Altibajos
Así, mientras en el 2009 el 0.61% de toda las áreas concesionadas para explotación era aprovechadas, a abril del 2011 el 0.78% del territorio total viene siendo explotado, es decir, hay un ligero incremento, según estadísticas de ese ministerio.
No obstante, el área para exploración está hoy siendo menos utilizada que hace dos años, pues a abril último solo el 0.27% de ese territorio concesionado está siendo dedicado a esa actividad, mientras que en el 2009 el 0.31% del área era explorada. Vale recordar que en el 2009 los primeros en ser afectados por la crisis fueron las empresas mineras junior, que se dedican básicamente a la exploración.
Además, Luna señaló que el hecho de que el Estado otorgue una concesión minera no significa un cheque en blanco para las empresas, pues siempre antes de la fase de explotación se deben aprobar estudios ambientales, previo a obtener permiso por uso de terreno superficial, permiso por el uso de aguas, o certificado de inexistencia de restos arqueológicos.
Inversiones
En cualquier caso, todo indicaría que las áreas a concesionar para la minería van a seguir creciendo, a juzgar por la cartera de proyectos por más de US$ 41,000 millones que esperan concretar los empresarios agrupados en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Al respecto, Luna precisó que, de ese total, este gobierno saliente transferirá a su sucesor una cartera de 11 grandes proyectos que ejecuta el sector privado por US$ 16,589 millones, y cuyos estudios de impacto ambiental ya han sido aprobados por esa cartera.
Explicó que se trata de proyectos cuyos estudios en la mayoría de casos ya están concluidos, e inclusive algunos ya se han empezado a construir.
Entre esos proyectos mencionó los de Antapaccay, de la empresa Xstrata Tintaya, cuya construcción está avanzada y este año posiblemente ingrese a la fase de operación. Otro proyecto que ya está listo es el de Pucamarca, en Tacna, del Grupo Brescia, Para el 2012 se prevé que estará construido el proyecto aurífero Coimolache-Antahuatay.
Conflictos
Además, Luna refirió que, a pesar de los anuncios de crear impuestos a las sobreganancias, hasta ahora ninguno de los proyectos en cartera se ha detenido, excepto los que han sido suspendidos por conflictos sociales como los de Santa Ana, en Puno, y Tía María, en Arequipa. En tal sentido, consideró que el próximo gobierno debería evitar cambios bruscos en la política que ha seguido el Estado en las últimas décadas para poder seguir atrayendo a los inversionistas, así como continuar las medidas de promoción para que los proyectos mineros se puedan terminar de construir y empezar a operar.
En pocas palabras Formalizar es el reto pendiente
Recién al final de este gobierno una comisión multisectorial en el Ejecutivo pudo concluir con el Plan Nacional de Formalización de la Minería Artesanal e Informal, que no se pudo comenzar a aplicar en algunas zonas del país, como Puno, por ejemplo, debido a los conflictos sociales.
Así lo explicó el director de promoción minera del MEM, Henry Luna, y por esa razón, añadió, el reto para el gobierno entrante será implementar esa norma a fin de incorporar a la formalidad a más de 100 mil personas que se dedican a esa actividad en el país.
Dicho plan, refirió, se estuvo elaborando en los últimos dos años en la Presidencia del Consejo de Ministros, y que si bien ya está concluido, solo se comenzó a aplicar en el caso de Madre de Dios, que es una de las zonas más contaminadas por la minería informal y mineros ilegales, pero no se pudo implementar en el caso de Puno (la segunda zona del país con minería informal después de Madre de Dios) por la razón ya indicada.Explicó que parte del plan dependía de que la Sunat determinara quiénes de los que se dedican a la minería informal estaban evadiendo impuestos, pero precisamente la oficina de Sunat en Puno fue el primer blanco de ataque de los que se oponen a la minería formal.
Análisis
Debe haber continuidad
Es importante diferenciar entre lo que es el Estado y el Gobierno, y en el caso de la inversión que hace una empresa, es la política del primero lo que debe permanecer en el tiempo. Cuando una empresa invierte en proyectos de tanta inversión como la minería, lo hace con el Estado, no con el gobierno de turno.
En tal sentido, no hay razón para que los funcionarios de los sectores no se mantengan, no debe haber cambios, porque las reglas, leyes y reglamentos que rigen esta actividad productiva son los mismos, si bien cambian los puestos políticos.
Además, el próximo gobierno tiene muchas cosas pendientes por hacer. Por lo pronto, queda pendiente la Ley de Consulta Previa, en vista de que asi lo establece el convenio 169 de la OIT, y considerando que ese tipo de consulta es importante para la relación entre empresas y comunidades.
El Congreso aprobó esa ley pero fue observada por el Ejecutivo, y ahora la Comisión Permanente del Legislativo debería decidir sobre esa norma, y no dejar ese tema inconcluso para que lo vuelva a reabrir el próximo gobierno.
Ricardo Briceño- Ex presidente de Confiep. Gestión
