sábado, 2 de octubre de 2010

Congreso peruano debatirá ley para desvío del Desaguadero


(Tomado del diario La Prensa de Bolivia)

El Congreso peruano recibió y analizará un proyecto de ley que permitiría canalizar aguas del Desaguadero a la ciudad de Tacna con el fin de mejorar la agricultura del sector y, por tanto, el desarrollo económico. Campesinos de Potosí y Oruro manifestaron su rechazo a esta posible acción, porque mermaría los recursos hídricos de sus regiones.

La propuesta, que ingresó en el Poder Legislativo de la nación vecina el jueves 23 de septiembre bajo el número 3282/2008-CR, establece en su artículo primero que se declare de “interés y necesidad pública la ejecución de trasvase de 6 m³ por segundo (del Desaguadero…) con el objeto de mejorar el riego de las áreas cultivadas, ampliar la frontera agrícola, generar energía eléctrica, crear puestos de trabajo y promover el desarrollo sostenible de la región”.

Enterados de esto, campesinos de Potosí y Oruro organizan para hoy en La Paz una movilización contra el proyecto.

En sus restantes dos artículos, el planteamiento legal encarga la adopción de acciones a la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú y a los gobiernos regionales y locales de la zona de influencia, y se establece la vigencia de la norma.

La Comisión Agraria de la repartición legislativa, que analizó previamente el proyecto, recomendó la aprobación de éste, pero sugiere que la finalidad expuesta en el artículo primero estipule que se busca “promover, esencialmente, el abastecimiento poblacional en los departamentos de Tacna y Puno”.

Sin embargo, a ese documento se oponen algunas autoridades y sectores que analizaron la propuesta. Por ejemplo, el Ministerio de Energía Minas de Perú, a través de su Dirección de Electricidad, opinó que “no procede aprobar la iniciativa” porque no se sustenta su interés y necesidad pública. La alternativa apunta a que serían los gobiernos locales los que ejecuten el plan.

Entre otras observaciones, también la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público y la Dirección nacional de Presupuesto Público vieron problemas en la carencia de estudios de preinversión y la falta de un financiamiento para el proyecto, respectivamente, lo que impide aprobar la propuesta.

Para destacar

El Proyecto Binacional Lago Titicaca recuerda que el río en la frontera entre Bolivia y Perú tiene un caudal de 25 m³ por segundo.

Los seis metros cúbicos por segundo que se propone desviar con la ley pertenecerían a los 12,5 que corresponden a Perú

Recomienda para el abastecimiento de la ciudad de Tacna el uso de los recursos hídricos del río Mauri.

Un informe afirma que sólo se pueden desviar 20 m³ del lago Titicaca para evitar un desastre. La mitad corresponde a Perú.

Campesinos, en emergencia

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Manco Kápac emitió durante cuatro años sus reclamos sobre la intención peruana de desviar parte de las aguas del río binacional Desaguadero, que alimentan al sistema hídrico compuesto por el Desaguadero y los lagos Poopó y Coipasa, aportando con sus recursos a las comunidades aledañas.

Consideran que, de consumarse estas intenciones, se vulnerarán los acuerdos binacionales entre Perú y Bolivia, países que crearon de manera conjunta una institución que vele por estos recursos: la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT). Sin embargo, según la Comisión Agraria del Congreso peruano, la ALT ha analizado la propuesta “con resultados positivos”.

Otros tres ríos son afectados

En las últimas décadas ha disminuido el agua que llega a Bolivia desde el lado peruano y, de acuerdo con la denuncia de pobladores de la provincia Pacajes, el río Uchusuma ya ha desaparecido sobre territorio boliviano por el desvío de sus aguas hacia Tacna, Perú, y otros dos cauces peligran: el Mauri y el K’anu, que confluyen en territorio boliviano.

Durante 15 años, los lugareños reclamaron para que el Gobierno asuma acciones contra el abandono y migración que crece en cien comunidades no sólo bolivianas, sino también peruanas, afectadas por la falta de agua, extraída a través de bombas y canales y retenida en represas en el territorio vecino adonde es difícil ingresar.


Perú condena prisión para militares por abusos DDHH


Un tribunal peruano condenó el viernes entre 15 y 25 años de prisión a una veintena de ex militares por abusos a los derechos humanos durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori entre 1990 y el 2000.

La sentencia, dictada en una base naval, incluyó al ex jefe de las fuerzas armadas, Nicolás Hermoza Ríos, y al ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, este último considerado como la mano derecha del ex mandatario Fujimori.

Hermoza Ríos y Montesinos recibieron una condena de 25 años de prisión acusados de organizar y dirigir al paramilitar Grupo Colina, formado por agentes que actuaron en la clandestinidad en su lucha contra guerrilleros del maoísta Sendero Luminoso, que fue uno de los más violentos de Latinoamérica.

Los cargos contra el grupo son por delitos de asesinato, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita.

Muchos miembros del Grupo Colina ya tienen sentencias por otros delitos, entre ellos Montesinos, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico de armas a Colombia.

El grupo paramilitar fue procesado por la matanza de 15 personas, entre ellos un niño de 8 años, supuestamente vinculados a la guerrilla izquierdista; por la desaparición y muerte de nueve campesinos y el asesinato de un periodista.

Por la matanza de las 15 personas, conocido como Barrios Altos, y otros, el ex presidente Fujimori fue condenado el año pasado a 25 años de prisión acusado de coautor intelectual, en una decisión histórica para el sistema judicial peruano.

Perú encaró una guerra interna entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad durante casi dos décadas que dejó unos 69.000 muertos y desaparecidos, según datos oficiales.

Durante el inicio de la audiencia de sentencia, los integrantes del grupo paramilitar y el mismo ex jefe de espías Montesinos cantaron de pie en el tribunal el himno del Ejército peruano y dieron vivas a uno de sus compañeros.
Ello pese a los reiterados pedidos de la presidenta del tribunal, la jueza Inés Villa Bonilla.

EJEMPLAR SENTENCIA

Muchos familiares de la víctimas del Grupo Colina estuvieron en la sede del tribunal y tras la sentencia se mostraron satisfechos con el fallo, en un país que todavía no borra las heridas de la guerra interna.

"Después de 18 años de dolor y ardua lucha estamos contentos por la sentencia", dijo Rosa Yauri, hermana del periodista Pedro Yauri, asesinado por militares bajo la sospecha de colaborar con la guerrilla de Sendero Luminoso.

El tribunal determinó en su sentencia que ninguna de las víctimas de estos casos pertenecían a Sendero Luminoso, cuyos remanentes actúan en los Andes y Selva de Perú en alianza con el narcotráfico, sin la fuerza de años anteriores.

Francisco Soberón, presidente de Aprodeh, un grupo activista de derechos humanos, dijo que el fallo del tribunal peruano castigó "el uso perverso del poder".

"La sentencia es importante para la historia jurídica del Perú, tal como se hizo con Fujimori", afirmó.

El ex mandatario Fujimori, quien fue destituido en el 2000 tras un escándalo de corrupción, recibió su condena de 25 años de prisión tras se extraditado desde Chile, a donde había llegado luego de vivir casi cinco años refugiado en Japón.

Actualmente la hija de Fujimori, la legisladora conservadora Keiko Fujimori, lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 2011.
Momentos antes de la lectura de sentencia al Grupo Colina, el ex jefe de espías Montesinos mostró a la prensa un libro escrito en prisión titulado: "Alerta: Espionaje chileno".

La sentencia de concretó luego de que el Congreso derogó hace dos semanas una polémica ley aprobada por el Gobierno que podría haber beneficiado a militares acusados de abusos a los derechos humanos, en un retroceso tras recibir fuertes críticas, incluyendo la del escritor Mario Vargas Llosa.

Los miembros del Grupo Colina, procesados desde al menos cuatro años, había pedido el archivo de sus juicios apoyándose en la polémica norma, que ordenada el sobreseimiento de los procesos que excedían un período de 36 meses sin sentencia.

La solicitud fue rechazada en su momento por el tribunal.

Reuters
(Reporte de Marco Aquino, Editado por Marion Giraldo)