Escribe: Alvaro Vargas Llosa
Cuando un grupo de soldados irrumpe en una casa presidencial, se lleva al presidente y lo pone en un vuelo hacia el exilio, como sucedió en Honduras el domingo pasado, está claro que se ha dado un «golpe». Pero, a diferencia de la mayoría de los golpes en la tortuosa historia de América Latina, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, carga con la mayor responsabilidad por su derrocamiento.
Miembro de la rancia oligarquía a la que ahora condena, Zelaya llegó al cargo en 2006 como líder de uno de los dos partidos de centro-derecha que han dominado la política hondureña durante décadas. Sus propuestas electorales, su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, y sus alianzas empresariales no hacían sospechar que a mitad de su mandato se convertiría en un travesti político.
De pronto, en 2007 se declaró socialista y comenzó a entablar lazos cercanos con Venezuela. En diciembre de ese año, incorporó a Honduras a Petrocaribe, un mecanismo pergeñado por Hugo Chávez para derrochar subsidios petroleros sobre los países latinoamericanos y caribeños a cambio de su servilismo político. Luego su gobierno se unió al ALBA, la respuesta de Venezuela al Área de Libre Comercio de las Américas, en teoría una alianza comercial pero en la práctica una conspiración política que procura expandir la dictadura populista al resto de América Latina.
El año pasado, siguiendo el guión escrito por Chávez en Venezuela y adoptado por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, Zelaya anunció que celebraría un referendo para convocar a una asamblea constituyente a fin de modificar la Constitución que prohíbe su reelección.
En los meses siguientes, todos los organismos jurisdiccionales -el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Fiscalía, el «ombudsman» de los derechos humanos- declararon que el referendo era inconstitucional. Según los artículos 5, 373 y 374 de la Constitución, los límites al mandato presidencial no pueden ser modificados bajo ninguna circunstancia, solamente el Congreso puede hacer enmiendas a la Constitución y las instituciones políticas no están sujetas a consulta popular.
Desafiando las disposiciones judiciales, Zelaya persistió. Rodeado de una turba, irrumpió en las instalaciones militares donde se conservaban las papeletas, ordenó su distribución. Zelaya se había puesto al margen de la ley, y el Congreso inició un juicio político para destituirlo.
Este es el contexto en el que las Fuerzas Armadas, en una movida poco atinada que convirtió en golpe de Estado un mecanismo perfectamente legal para frenar a Zelaya, expulsaron al presidente. El hecho de que el procedimiento constitucional fuera luego cumplido al designar el Congreso al jefe del Poder Legislativo, Roberto Micheletti, como presidente interino, y que se confirmaran los comicios fijados para noviembre, no quita la mancha de ilegitimidad que afecta al nuevo gobierno.
Este factor ha desarmado a los críticos de Zelaya en la comunidad internacional frente a la bien coordinada campaña que orquesta Hugo Chávez para reinstaurarlo en el cargo.
Dicho esto, la respuesta internacional, que intenta reponer a Zelaya sin mencionar en absoluto sus actos ilegales ni ponerle la condición de respetar la Constitución, ha sido sumamente inadecuada.
La Organización de Estados Americanos, conducida por José Miguel Insulza, de quien me precio de ser amigo, ha actuado como un verdadero perro faldero de Venezuela.
La crisis de Honduras debería atraer la atención del mundo hacia esta verdad respecto de la América Latina actual: que la amenaza más grave a la libertad proviene de populistas electos que procuran destruir las instituciones del estado de derecho a partir de sus caprichos megalómanos.
Dado ese escenario, la respuesta a la crisis de Honduras ha minado la posición de quienes tratan de impedir que el populismo retrotraiga a la región a épocas infaustas, en las que había que escoger entre revoluciones izquierdistas o dictaduras militares
Fuente: diario ABC de España – http://www.abc.es/
Cuando un grupo de soldados irrumpe en una casa presidencial, se lleva al presidente y lo pone en un vuelo hacia el exilio, como sucedió en Honduras el domingo pasado, está claro que se ha dado un «golpe». Pero, a diferencia de la mayoría de los golpes en la tortuosa historia de América Latina, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, carga con la mayor responsabilidad por su derrocamiento.
Miembro de la rancia oligarquía a la que ahora condena, Zelaya llegó al cargo en 2006 como líder de uno de los dos partidos de centro-derecha que han dominado la política hondureña durante décadas. Sus propuestas electorales, su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, y sus alianzas empresariales no hacían sospechar que a mitad de su mandato se convertiría en un travesti político.
De pronto, en 2007 se declaró socialista y comenzó a entablar lazos cercanos con Venezuela. En diciembre de ese año, incorporó a Honduras a Petrocaribe, un mecanismo pergeñado por Hugo Chávez para derrochar subsidios petroleros sobre los países latinoamericanos y caribeños a cambio de su servilismo político. Luego su gobierno se unió al ALBA, la respuesta de Venezuela al Área de Libre Comercio de las Américas, en teoría una alianza comercial pero en la práctica una conspiración política que procura expandir la dictadura populista al resto de América Latina.
El año pasado, siguiendo el guión escrito por Chávez en Venezuela y adoptado por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, Zelaya anunció que celebraría un referendo para convocar a una asamblea constituyente a fin de modificar la Constitución que prohíbe su reelección.
En los meses siguientes, todos los organismos jurisdiccionales -el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Fiscalía, el «ombudsman» de los derechos humanos- declararon que el referendo era inconstitucional. Según los artículos 5, 373 y 374 de la Constitución, los límites al mandato presidencial no pueden ser modificados bajo ninguna circunstancia, solamente el Congreso puede hacer enmiendas a la Constitución y las instituciones políticas no están sujetas a consulta popular.
Desafiando las disposiciones judiciales, Zelaya persistió. Rodeado de una turba, irrumpió en las instalaciones militares donde se conservaban las papeletas, ordenó su distribución. Zelaya se había puesto al margen de la ley, y el Congreso inició un juicio político para destituirlo.
Este es el contexto en el que las Fuerzas Armadas, en una movida poco atinada que convirtió en golpe de Estado un mecanismo perfectamente legal para frenar a Zelaya, expulsaron al presidente. El hecho de que el procedimiento constitucional fuera luego cumplido al designar el Congreso al jefe del Poder Legislativo, Roberto Micheletti, como presidente interino, y que se confirmaran los comicios fijados para noviembre, no quita la mancha de ilegitimidad que afecta al nuevo gobierno.
Este factor ha desarmado a los críticos de Zelaya en la comunidad internacional frente a la bien coordinada campaña que orquesta Hugo Chávez para reinstaurarlo en el cargo.
Dicho esto, la respuesta internacional, que intenta reponer a Zelaya sin mencionar en absoluto sus actos ilegales ni ponerle la condición de respetar la Constitución, ha sido sumamente inadecuada.
La Organización de Estados Americanos, conducida por José Miguel Insulza, de quien me precio de ser amigo, ha actuado como un verdadero perro faldero de Venezuela.
La crisis de Honduras debería atraer la atención del mundo hacia esta verdad respecto de la América Latina actual: que la amenaza más grave a la libertad proviene de populistas electos que procuran destruir las instituciones del estado de derecho a partir de sus caprichos megalómanos.
Dado ese escenario, la respuesta a la crisis de Honduras ha minado la posición de quienes tratan de impedir que el populismo retrotraiga a la región a épocas infaustas, en las que había que escoger entre revoluciones izquierdistas o dictaduras militares
Fuente: diario ABC de España – http://www.abc.es/
